El gremio inmobiliario aseguró que la aprobación de dicho reglamento elevará los costos de construcción entre un 3% y un 8%.

La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento sobre la Ley de aporte al espacio público, el cual reemplazará a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y contempla 3 principios.

En primer lugar, que todos los proyectos declaren y mitiguen sus impactos en el sistema de movilidad local; en segundo lugar, que dichas mitigaciones sean equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto; y en tercer lugar, que el cálculo de las mismas se realice a través de la ejecución de métodos objetivos, relacionados con la gestión e infraestructura del transporte público y privado.

 

Además, la normativa tiene como objetivo que todas las inversiones cuenten con su estudio e informe respectivo de mitigación vial (sin excepciones), proporcionales a la cantidad de estacionamientos elaborados dentro de su proyecto inmobiliario.

 

«Después de meses de trabajo, en que se introdujeron cambios necesarios, contamos con un reglamento robusto, que permite conciliar el desarrollo inmobiliario con una adecuada gestión del espacio público. Necesitamos vialidades que respondan los requerimientos de los ciudadanos», aseguró la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Asimismo, indicó que en este desafío los Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), jugarán un rol muy relevante.

La cuenta regresiva para su vigencia, empezará a correr en 18 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial, fecha en la cual se aplicarán las obligaciones legales relacionadas con mitigaciones de proyectos inmobiliarios, tales como: infraestructura vial, gestión de tránsito, semaforización, señalización, corredores de transportes público, pistas sólo bus, terminales, paraderos, ciclovías y aceras peatonales.

 

La nueva modalidad servirá como ventanilla única para el ingreso de los estudios y operará a través de un sistema eléctrico que agilizará trámites y plazos, y que a su vez contempla la creación de un registro de consultores.

 

Con información del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.